Una nueva era para el teletrabajo

ley trabajo a distancia

El 10 de julio se publicaba en el BOE la Ley 10/2021 de teletrabajo o trabajo a distancia, que busca regularizar lo que hoy día es ya una realidad en España, trabajar desde casa o en cualquier otra parte que no sea la oficina.

Hasta la llegada de la pandemia por Covid_19 tan sólo un 5% de los trabajadores realizaba teletrabajo. Pero esa cifra se incrementó por fuerza mayor, superando el 30%, lo que ha hecho que en muchas empresas se contemple esta modalidad como una fórmula más, aceptada por muchos trabajadores y que reporta también a la empresa beneficios en materia laboral.

En un mundo cada vez más virtual, muchos trabajos pueden ser desarrollados sin la necesidad de una presencia física, por lo que esta ley es más necesaria que nunca.

Ley de trabajo a distancia

Este mes de julio era publicada la nueva ley 10/2021 que regula el teletrabajo o trabajo a distancia, y que sustituye al Real decreto ley 28/2020 que desde septiembre de 2020 marca los puntos clave del teletrabajo en España.

Desde el 11 de julio de 2021 la Ley de trabajo a distancia es una guía para organizaciones y empleados. En primer lugar nos aclara la diferencia entre teletrabajo y trabajo a distancia (nombre que da título a esta Ley).

  • Trabajo a distancia: forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular.

  •  Teletrabajo: aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.

  •  Trabajo presencial: aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por la empresa.

Es decir, con esta ley se busca regularizar todo aquel trabajo fuera del centro presencial de trabajo, sea mediante sistemas informáticos o no.

La Ley es aplicada en aquellos trabajadores en régimen general que realicen, al menos, un 30% de su jornada de este modo con referencia de un período de tres meses.

Voluntariedad por ambas partes

Para que exista la posibilidad de teletrabajo o trabajo a distancia este deberá ser voluntario tanto para trabajador como para empresa. Para ello deberán existir un acuerdo firmado entre ambas partes.

Este acuerdo deberá constar por escrito, bien dentro del contrato inicial o como anexo posterior al contrato, siempre previo al inicio del teletrabajo.

Deberá recoger los cambios en las condiciones de prestación de servicios a distancia, tras acuerdo entre empresa y trabajador.

La empresa tiene la obligación de realizar este documento, del que entregará  una copia de todos los acuerdos de trabajo a distancia al representante legal de los trabajadores antes de 10 días, quien firmará para dejar constancia de la entrega.

Posteriormente, será obligatorio remitir una copia básica del acuerdo firmado al SEPE.

No formalizar este acuerdo, según los términos de la norma, será considerado una infracción grave con multas de hasta 6.250 euros. Y estas sanciones se incrementarán en un 20% en breve, tras su tramitación en el Senado.

¡OJO! A partir del 9 de agosto de 2021 será de obligado cumplimiento y este acuerdo deberá existir y estar firmado por ambas partes.

 

¿Qué debe contener el acuerdo?

El artículo 7 nos indica el contenido mínimo que debe plasmar este acuerdo para el trabajo a distancia o teletrabajo

  1. Inventario: donde se incluirán todos los medios y herramientas que se facilitan para ese puesto, incluyendo consumibles, muebles y su vida útil o periodo máximo de renovación.
  2. Enumeración de los gastos que podría tener el trabajador al trabajar a distancia y el mecanismo de compensación de los gastos directos que pudieran derivarse que deberá abonar la empresa en el momento en que comience a trabajar. Podrá ser mediante un complemento específico que se fije mediante convenio colectivo, si existiera.
  3. Horario de trabajo que va a tener ese trabajador y si existiesen, las reglas de disponibilidad.
  4. Distribución del horario entre el trabajo que se haga presencialmente y a distancia.
  5. Ubicación del lugar de trabajo habitual y centro de trabajo presencial al que queda adscrito.
  6. Medios de control empresarial del trabajo, en el caso de que existan.
  7. Procedimientos a seguir en caso de que se produzcan dificultades técnicas que impidan trabajar a distancia.
  8. Instrucciones en materia de protección de datos para el trabajo a distancia, desarrolladas en participación con los representantes de los trabajadores.
  9. Instrucciones sobre la seguridad de la información aplicables en el teletrabajo.
  10. Duración del acuerdo o plazos de aplicación.

Costes para la empresa

Según el artículo 12, la empresa deberá sufragar o compensar los gastos que implique teletrabajar.

Además deberán facilitar los medios y/o equipos necesarios para trabajar a distancia, así como la atención ante posibles dificultades técnicas.

 

Una Ley necesaria

Según una encuesta realizada por Telefónica y el Instituto DYM, más del 60% de las empresas preguntadas prevé mantener el teletrabajo en los próximos seis meses.

Este cambio en la cultura corporativa atrae y retiene el talento, y se ha convertido en una necesidad para el crecimiento de las PYMES españolas.


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Medidas Extraordinarias en Materia Laboral por COVID-19

Tras el Consejo de Ministros de urgencia celebrado ayer, por el que se aprobó el Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, hoy podemos verlo ya publicado en el BOE. A continuación resumimos aquellos aspectos relativos a materia laboral.

Casi el 20% del PIB, unos 200.000 millones de euros, van a ser destinados a frenar el gran impacto económico y social que está causando, y va a causar, el coronavirus en España.

Ayuda a las Empresas

El presidente ha asegurado que «el Estado va a proporcionar al tejido empresarial toda la liquidez que necesita para mantenerse operativo» y no permitirá que «los problemas temporales de liquidez puedan convertirse en problemas de solvencia».

Con este fin, el Gobierno ha aprobado la creación de una línea de avales y garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros, lo que permitirá movilizar entre 150.000 y 200.000 millones en el sistema económico si también se incorpora el sector privado.

Asimismo, se han acordado avales adicionales de 2.000 millones de euros para empresas exportadoras, se facilitará la restructuración de créditos a explotaciones agrarias afectadas por la sequía y se acelerará la implantación de programas de apoyo a la digitalización. Las Administraciones Públicas ayudarán a sus empresas contratistas para mitigar las consecuencias del COVID-19 en los contratos del sector público. El Ejecutivo también ha reformado la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos, aprovechando la caída coyuntural del valor de sus acciones.

Empleo

Entre las medidas, encontramos que los trabajadores asalariados puedan adaptar o reducir su jornada para la conciliación familiar. El teletrabajo se establece como una prioridad, cuando así sea posible.

  • TeletrabajoCon el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de teletrabajo en aquellos sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora, adjuntándose en la norma y como Anexo I un documento para efectuar la correspondiente autoevaluación.

Los ajustes temporales de plantilla se gestionarán a través de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTES), que beneficiarán a todos los trabajadores. Los ERTES causados por la crisis del coronavirus serán considerados de fuerza mayor y, adicionalmente, los trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido.

  • Medidas en relación a los ERTE y reducciones de jornada

Estos serán realizados por causa de fuerza mayor o causa productiva, organizativa y técnica.

“Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad derivadas de las distintas medidas gubernativas adoptadas como consecuencia del Covid-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas el contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de FUERZA MAYOR, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre“.

Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado a personas que requieren de su presencia cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del Covid-19 tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma

Se entenderá que concurren dichas circunstancias excepcionales:

  • Cuando sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para la atención de otra que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado personal y directo.
  • Cuando existan decisiones adoptadas por las Autoridades gubernativas relacionadas con el Covid-19 que impliquen cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o atención a la persona necesitada de los mismos.
  • En el caso de ausencia en la actividad de cuidado de quien hasta el momento se hubiera encargado del cuidado o asistencia de otra respecto de la que la persona trabajadora tuviera deberes de cuidado, por causas justificadas relacionadas con el covid-19, con su prevención o con la evitación de su transmisión.

Estas medidas priorizan la suspensión de los contratos y la reducción de las jornadas como opción frente al despido de los trabajadores y ha instado a los empresarios a que no despidan a sus empleados:

«Queremos que se mantenga el empleo, que las empresas sepan que el Gobierno les ayudará a superar esta crisis temporal».

La exoneración de cotizaciones a las empresas que acometan expedientes de regulación de empleo temporales (ERTEs) por fuerza mayor será del 75% para las empresas que a 29 de febrero de este año tuvieran más de 50 trabajadores en alta en la Seguridad Social.

Para las que a esa misma fecha tuvieran menos de 50 trabajadores, la exoneración de pagar la cotización empresarial alcanzará el 100%.

  • Desempleo por ERTE

Las personas afectadas por los ERTE exprés que se están llevando a cabo en multitud de empresas debido a la crisis sanitaria del coronavirus tendrán derecho a percibir la prestación contributiva por desempleo y ese tiempo consumido de paro no contará como gastado. Todos los trabajadores afectados por estos procedimientos tendrán derecho a cobrar el paro aunque no cumplan con el periodo de cotización mínimo exigido para ello. Además, no se considerará consumido el tiempo que dure la percepción de esta prestación. El Estado será el que se haga cargo de las prestaciones por desempleo de todos los trabajadores que se vean afectados por ERTEs mientras dure la crisis sanitaria, aún en el caso de que no hayan cotizado el tiempo suficiente (periodo de carencia) para acceder al subsidio por desempleo.

El importe de la prestación, teniendo en cuenta las cuantías máximas y mínimas, será del 70% de la base reguladora los seis primeros meses, y del 50% a partir del séptimo mes. La base sobre la que se calcula dicho porcentaje es la media de las bases de contingencias profesionales, excluyendo las horas extraordinarias, de los 180 últimos días cotizados.

En el caso de que no se tenga a derecho a la prestación por desempleo, pero sí al subsidio, la cuantía mensual será igual al 80 % del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en cada momento, siempre que el trabajador hubiera trabajado la jornada completa durante toda la vigencia del último contrato de trabajo por cuenta ajena.

  • Medidas para Autónomos. Prestación Extraordinaria por Cese de Actividad

Se flexibiliza el acceso al cese de actividad para los autónomos, que será compatible con la exoneración de pagos a Seguridad Social. Este colectivo tendrá facilidades para poder cobrar de forma urgente una prestación en caso de dificultad económica.

Con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, de prolongarse éste durante más de un mes, los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto, o, en otro caso, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad que se regula en este artículo, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

  • Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
  • En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre anterior.
  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.

La cuantía de la prestación regulada en este artículo se determinará aplicando el 70 por ciento a la base reguladora. Cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, la cuantía de la prestación será equivalente al 70 por ciento de la base mínima de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

 

Puedes consultar y ampliar información en el Boletín Oficial del Estado.

BOE-A-2020-3824 by Verker RRHH on Scribd

Medidas extraordinarias para mitigar el impacto económico del coronavirus

Ayer en rueda de prensa, Pedro Sánchez, anunció las medidas extraordinarias adoptadas para paliar las consecuencias del COVID-19. Entre ellas apoyo a las empresas, a las familias y al sistema sanitario.

Empresas

Cada entidad debe ser responsable y adoptar las medidas convenientes. Se recomienda, en la medida de lo posible, facilitar la conciliación, sobre todo ante el cierre de centros educativos, mediante el teletrabajo u otro tipo de medidas que eviten molestias y permitan a todos salir lo mínimo posible de sus hogares.

Para el sector empresarial, el Gobierno ha previsto flexibilizar los aplazamientos del pago de impuestos a la tesorería durante seis meses, previa solicitud, con bonificación en los tipos de interés.

  • Creación de una una línea de financiación específica a través del Instituto de Crédito Oficial de 400 millones de euros para atender necesidades de liquidez de empresas y autónomos del sector turístico y actividades relacionadas.
  • Se permite que las empresas que han recibido préstamos de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa puedan aplazar su reembolso.
  • Se amplían las bonificaciones a la Seguridad Social para contratos fijos discontinuos que se realicen entre los meses de febrero y junio en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.
  • Se ha solicitado a la Comisión Europea que permita al coordinador de slots español, AECFA, no aplicar la regla que regula el uso de slots para las próximas temporadas. Esta exención permitiría que las compañías aéreas no se vean penalizadas en el futuro por haber reducido sus vuelos en las actuales circunstancias.

Familias

El cierre de los colegios, institutos y universidad deja un panorama en el que muchos trabajadores van a tener que plantearse, junto a sus empresas, cómo abordar esta nueva y temporal situación. Los colectivos más vulnerables en situación de riesgo económico son quienes más pueden sufrir esta situación.

  • Por ello, el Gobierno, dotará 25 millones de euros a las Comunidades Autónomas mediante becas-comedor, de este modo se garantiza el derecho básico de alimentación de los niños más vulnerables y afectados por el cierre de centros.
  • Se modifica el calendario escolar para permitir el desarrollo habitual del curso.
  • El personal al servicio de la Administración Pública encuadrado en el régimen especial de mutualismo administrativo que se encuentre en situación de aislamiento preventivo, así como quienes se han contagiado del virus, se considerarán en Incapacidad Temporal asimilada a la baja laboral por Accidente de Trabajo. Se extiende de esta forma a los empleados públicos la medida adoptada el pasado martes para el Régimen General de la Seguridad Social.

Sanidad

Ya sabemos a estas alturas, que la mejor prevención es no salir a la calle, quedarse en casa y evitar la propagación del virus. Sólo de esta manera evitaremos un colapso sanitario y que las personas ya contagiadas puedan ser atendidas.

  • Se destinan 1.000 millones de euros en recursos del Ministerio de Sanidad a través del fondo de contingencia para atender los gastos extraordinarios que se generen, de forma que pueda atender de forma adecuada las necesidades sanitarias.
  • Además, el Gobierno ha decidido adelantar 2.800 millones de euros de los pagos a cuenta a las Comunidades Autónomas para reforzar su disponibilidad de recursos con los que hacer frente a necesidades inmediatas derivadas de esta situación en sus sistemas sanitarios.
  • Adicionalmente, se habilita al Gobierno para regular los precios de algunos productos necesarios para la protección de la salud y, en caso de situación excepcional, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos podrá fijar el importe máximo de venta al público de determinados medicamentos y productos.